Uno de los primeros pasos que damos a la hora de comprar una vivienda es buscar una entidad financiera y solicitar un crédito hipotecario. De este proceso, una vez es aprobado, se puede derivar una serie de gastos relacionados a trámites de formalización, como Registro de la propiedad, procesos notariales, Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y gestoría, que en financiaciones de 140.000 euros puede alcanzar hasta los 2.830 euros.
Muchos clientes se ven obligados a cancelar estos importes, pero de acuerdo con la sentencia 705/2015, del 23 de diciembre, del Tribunal Supremo, son los sujetos pasivos ―en este caso las entidades bancarias― quienes debe hacerse cargo de esta parte de la transacción. Por ello, aquellas personas que en el momento de firmar el contrato fueran forzadas a pagar estas cantidades, ahora pueden reclamar el reembolso de las mismas a la entidad.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 8 millones de familias las que pueden solicitar la reposición de estos gastos. Para ello, lo más recomendable es que inicien el proceso comunicándose con el banco. Lo ideal es poder lograr un acuerdo, pero bajo ningún motivo debería firmarse algún trato que les impida iniciar un proceso legal más adelante para reclamar la devolución de su dinero.
En caso de que la entidad se niegue a cumplir con la sentencia, el cliente deberá asesorarse e iniciar una demanda para reclamar la restitución de los gastos. De acuerdo a sus preferencias, el proceso puede llevarse individualmente o en conjunto con otros afectados, uniéndose a las demandas colectivas que dirigen algunas organizaciones.
Más allá de los importes antes mencionados, también deben ser restituidas las cantidades correspondientes a la tasación, en caso de haberla realizado previo a la solicitud de la financiación y que la entidad no la haya aceptado.